En el caso Javier Duarte de Ochoa no hubo justicia.

No es justa la pena que le dieron, como tampoco la multa, muchos menos los bienes confiscados. Lo justo hubiese sido que regresara todo lo defraudado al gobierno de Veracruz, los miles de millones de pesos, o los más de 400 millones por los que se supone respondería en un juicio, al haberlos desviado.

Lo justo hubiese sido que le confiscaran las más de 90 propiedades que tienen entre él, su mujer, su familia y sus prestanombres, porque de acuerdo a lo que nos han dejado ver las autoridades, fueron adquiridas con recursos del erario, o por lo menos con recursos de procedencia ilícita.

Lo justo hubiese sido que Duarte fuese obligado a reparar el daño, regresar el dinero que saqueó del gobierno de Veracruz.

Pero nada fue justo. La sentencia fue una a modo dentro de un pacto de impunidad al que el nuevo sistema de justicia penal y sus  juicios abreviados se acoplan bastante bien. Además le araron el camino con la reclasificación de los delitos.

Ciertamente pasará un tiempo en la cárcel, ciertamente perderá algunos de sus bienes inmuebles, pero nada de eso evitará que al salir, ni él ni su familia, ni sus hijos, ni –como diría Carlos Salinas- los hijos de sus hijos, tengan problemas económicos en el futuro. De hecho viven muy holgadamente en Londres, y mantienen más de 40 propiedades en varios países.

Los pactos de impunidad que ha establecido este gobierno del presidente Enrique Peña Nieto dan para eso y para más. Él mismo vivirá tranquilamente si Andrés Manuel López Obrador cumple su palabra y no lo juzga durante su administración. No sabemos en qué quedó la venta de la casa blanca, como tampoco con cuánto dinero en sus cuentas entró y con cuánto sale.

Como ellos muchos otros en México. Funcionarios que se han enriquecido con el dinero público, que han sacado ventajas de concesiones, contratos, obras, asignaciones directas y que a cambio piden una comisión. Una parte del presupuesto a manera de botín, solo por permitir el trámite para una asignación.

La realidad es que los pactos de impunidad entre la clase política seguirán existiendo, mientras los sistemas anticorrupción no queden debidamente integrados, y aun así, quienes los integran terminan siendo parte del equipo en el poder.

Ahora los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional han redactado dos iniciativas para acortar los márgenes de corrupción entre la clase política gobernante de México. Lo primero dicen (y que va de la mano de la propuesta del presidente electo (que aún no se materializa, de inscribir en el catálogo de delitos graves y que por lo tanto ameritan la prisión preventiva, la corrupción) es proponer una reforma constitucional para quitar bienes inmuebles y enseres a funcionarios que hayan caído en actos de corrupción, y que se les comprueben, claro está.

Lo que proponen es establecer la extinción de dominio cuando se trate de hechos de corrupción. Una modificación al Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya la contempla para otros casos, y dice así: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

“No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia”.

Tal artículo es aplicado ya a los criminales organizados, a los narcotraficantes cuyos delitos probados son de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos (delincuencia organizada) y trata de personas, y cuando se tenga la certeza que los bienes muebles, inmuebles o dinero, son resultan de dichos delitos.

En este caso la SEIDO promueve la extinción de dominio ante un juez, y en caso de probarse, aquellos bienes irán a formar parte de los que posee la nación. Pero, pocas veces recurren a la extinción de dominio. Por ejemplo a la fecha, a Joaquín Guzmán Loera “El Chapo Guzmán”, narcotraficante extraditado a los Estados Unidos, la SEIDO no le ha promovido ni un solo juicio de extinción de dominio.

De hecho, un abogado ha confiado, al año la Procuraduría General de la República tramita aproximadamente unos diez juicios de extinción de dominio contra criminales organizados y narcotraficantes, y en 2016 establecieron un record con 16 casos, en 2017 hubo nueve juicios, y en lo que va de 2018 apenas llevan cinco.

En estas condiciones, con una PGR “saturada” de casos contra narcotraficantes, ¿cuántos elementos necesitará para dar seguimiento a los casos de los políticos y funcionarios corruptos? Seguramente de muchos, y de la fiscalía anticorrupción, claro está.

Pero los senadores de Morena también contemplan en su iniciativa incluir como sujetos de extinción de dominio a los prestanombres de los corruptos, algo un poco más difícil de probar pero que es de lo más común (son ratas no peneques, como dijo un ex alcalde de Tijuana). Se procederá a la extinción de dominio cuando se compruebe que los bienes adquiridos por los funcionarios sean producto de actos de corrupción como abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito. Además, este proceso estará separado del que se seguirá por corrupción. Alertaron los senadores en el documento, “será jurisdiccional, de naturaleza penal, pero autónomo del procedimiento que se sigue la investigación y judicialización de los hechos con los que estén involucrados los bienes objeto del extinción”. Es decir, que se recuperen los bienes independientemente de la sentencia que dicte al corrupto.

En la misma semana y en sentido similar o complementario, la fracción panista del mismo Senado de la República, ha propuesto una serie de reformas para evitar que los gobiernos de los Estados y los Municipios, utilicen dinero en efectivo. O que el caso sea limitado para evitar “conductas ilegales como sobresueldos a funcionarios estatales o compensaciones extraordinarias que no registrar en tabuladores”, las dobles nóminas pues.

En información publicada en el diario Reforma, explicaron que “con el manejo de dinero en efectivo, los Gobernadores realizan pagos que no son fiscalizados a líderes sindicales con el fin de evitar huelgas o para que apoyen negociaciones salariales”.

Además, “El uso de efectivo también permite realizar pagos a medios de comunicación, organizaciones sociales para su manejo político y así evitar bloqueos carreteros, cercos a edificios públicos o movilizaciones en general”.

¿Se acuerdan de los 25 millones de pesos que trasladó el gobierno de Javier Duarte de Veracruz al Estado de México y que luego le fueron regresados por la PGR? Ande, pues así. Evitar ese tipo de acciones que están más cercanas a la corrupción que al beneficio de los gobernados.

Para evitar esos casos, los albiazules están proponiendo reformas a las leyes de contabilidad gubernamental, de presupuesto y responsabilidad hacendaria, así como la ley de disciplina financiera de estados y municipios.

El objetivo de los legisladores parece ser amarrar las manos a los corruptos antes los evidentes pactos de impunidad que se dan entre políticos de un partido y otros en cambios de administración, y particularmente cuando pertenecen al mismo círculo.

Y bueno, si no hay de otra…

Adela Navarro Bello

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